La decisión del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, de imponer un arancel general del 10 % a las importaciones provenientes de República Dominicana ha encendido las alarmas en el sector exportador local.
La medida, que entrará en vigor el próximo 5 de abril, afectará directamente a múltiples industrias, con especial énfasis en las zonas francas, uno de los pilares de la economía dominicana.
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Aunque el gravamen aplicado al país es menor en comparación con otras naciones —como China (34 %) o la Unión Europea (20 %)—, su impacto en la competitividad de los productos dominicanos en el mercado estadounidense podría ser significativo.
Cabe destacar que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones dominicanas, absorbiendo más del 53 % del total, por lo que cualquier alteración en las condiciones comerciales representa un riesgo para la estabilidad económica.
Entre los productos que enfrentarán el incremento arancelario se encuentran bienes de alto valor agregado y tradicionales, como cigarros, dispositivos médicos, instrumentos de precisión, joyería, productos farmacéuticos, cacao, calzado y textiles. Sin embargo, el golpe más fuerte recaerá sobre las zonas francas, dado que el 74.3 % de sus exportaciones tienen como destino EE.UU., mientras que solo el 15.9 % de las ventas externas del régimen nacional dependen de ese mercado.
En 2024, las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos alcanzaron los 6,915 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 6.7 %.
De este total, 2,521 millones correspondieron a las zonas francas, que experimentaron un aumento del 5.3 % en comparación con el año anterior. Aunque el crecimiento ha sido sostenido, la nueva barrera arancelaria podría frenar esta tendencia, encareciendo los productos dominicanos y reduciendo su competitividad frente a otros proveedores regionales, como México y Canadá, que están exentos de esta medida.
Expertos en comercio internacional han señalado que el arancel impuesto por EE.UU. contradice los principios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), que establece la eliminación progresiva de barreras arancelarias para los productos originarios de los países firmantes.
El Artículo 3.3 del acuerdo prohíbe expresamente el aumento unilateral de impuestos aduaneros, por lo que la medida de Trump podría interpretarse como una violación a los compromisos adquiridos.
Ante este escenario, las opciones para el gobierno y el sector privado dominicano son limitadas. Dado que la disposición afecta a múltiples socios comerciales de EE.UU., una impugnación directa podría no ser efectiva. En cambio, se recomienda una estrategia diplomática y de diálogo bilateral para abordar las preocupaciones comerciales, especialmente en lo referente a las barreras no arancelarias que, según el informe del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), podrían estar afectando a los productos estadounidenses en el mercado dominicano.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través de su vicepresidente ejecutivo César Dargam, reconoció que el aumento arancelario tendrá repercusiones, aunque destacó que el país se encuentra en la categoría más baja de gravámenes (10%). Mientras tanto, el ministro de Industria y Comercio, Víctor (Ito) Bisonó, adoptó una postura cautelosa, señalando que se está evaluando el alcance real de la medida y comparando la situación con la de otros países afectados, como Costa Rica.
Desde la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), su vicepresidenta Roselyn Amaro Bergés afirmó que la entidad monitorea de cerca las políticas comerciales de EE.UU., dado su peso en la balanza exportadora dominicana. Sin embargo, reiteró que aún hay variables por analizar antes de determinar el impacto definitivo.
La medida de Trump no es exclusiva para República Dominicana. Varios países de América Latina también enfrentarán aranceles, aunque con diferentes intensidades. Nicaragua (18%) y Venezuela (15%) están entre los más afectados, mientras que México —por ahora— se mantiene exento gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Analistas internacionales prevén que estas políticas puedan generar inflación, desaceleración comercial y volatilidad en los mercados financieros globales. Además, existe el riesgo de que otras naciones implementen represalias, desencadenando una escalada proteccionista perjudicial para la economía mundial.
Mientras tanto, el país espera con cautela el impacto real de la medida, consciente de que, en un mundo cada vez más interconectado, las decisiones de política comercial de una potencia como EE.UU. tienen repercusiones globales.
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